José Antonio Zarzalejos es licenciado en derecho por la Universidad de Deusto y periodista. Ha desempeñado puestos de distinta responsabilidad tanto en el Grupo Correo, primero, como en Vocento, después. Fue director del diario ABC de 1999 a 2008. Su "cuaderno de notas" pretende ser una aproximación certera a la realidad política, económica y social española e internacional.
José Antonio Zarzalejos - 16/10/2010
Hacía falta una radiografía fiable de la percepción de la democracia que tienen los ciudadanos españoles. Cuatro sociólogos y politólogos (1) de primera fila han escrito el ensayo La Calidad de la democracia en España (2), una de cuyas conclusiones más terminantes es la siguiente:
“En síntesis, a pesar de la satisfacción ciudadana con el sistema democrático como promotor de la libertad y de la igualdad, así como su apoyo a la mayoría de las instituciones básicas de la democracia, destaca, por encima de todo, la poca confianza que tienen los ciudadanos en su propio papel en la actual democracia representativa. Se comprueba lo extendida que está la creencia de que la democracia no representa exactamente el primado de la soberanía del pueblo. Los españoles creen de forma mayoritaria que los que detentan el poder, tanto político como económico, están por encima de la voluntad de los ciudadanos, máxima expresión de la soberanía popular. La falta de transparencia de las decisiones políticas unida a la insuficiente rendición de cuentas de sus representantes puede explicar que los ciudadanos no asuman los costes de participar en un sistema asimétrico en el que los poderosos ostentan siempre una posición privilegiada.”
“Los principales problemas de nuestra democracia se localizan en el funcionamiento de la sociedad civil y en la baja calidad de la representación política. Estos problemas se refieren tanto a los partidos políticos como a los representantes, que atienden de manera deficiente los principales problemas de los ciudadanos y no rinden cuenta adecuadamente de sus acciones políticas. La sociedad se ve a sí misma incapaz de influir en las decisiones políticas, al mismo tiempo que tampoco parece tener niveles de participación y acumulación de capital social suficientes para ser un actor relevante en el proceso político, más allá de su participación electoral. Una sociedad civil pasiva y desmotivada por la política y un sistema de representación caracterizado por su lejanía de los ciudadanos y por su falta de sensibilidad y respuesta a los problemas de aquellos, constituyen una mezcla peligrosa para la salud de la democracia española.”
En menos palabras no se pueden describir mejor las razones del malestar de los ciudadanos con un sistema democrático que legitiman plenamente (legitimación difusa), pero cuyo funcionamiento ha devenido en decepcionante (legitimación específica). La conclusión transcrita y otras muy similares son el resultado de una metodología proyectada por una auditoría ciudadana sobre la que han trabajado los autores de este ensayo que parece imprescindible para comprender qué está pasando en nuestro país. Es decir: queremos la democracia y no renunciamos a ella, pero su autenticidad se ha degradado. Así -y valga como ejemplo- la mayoría piensa (75% frente a 15%) que la justicia beneficia a los que tienen más recursos y que, por tanto, no es igual para todos; el 82% sospecha que los tribunales tratan de manera diferente a los políticos respecto a los ciudadanos anónimos y nada menos que el 56% confiesa que “no merece la pena” iniciar un pleito para reivindicar un derecho o el cumplimiento de una obligación.
Son también mayoría los que creen que la Constitución no se cumple: “nada o poco” (22%) y sólo “algo” (30%). Y, entre otros muchos datos, el 43% afirma que la clase política es más corrupta que el resto de la ciudadanía, entre otras razones porque el 70% supone que los políticos se preocupan más de sus intereses que de los comunes, aunque es aplastante el criterio de que los partidos políticos son necesarios para la propia democracia. Para los autores de este interesante ensayo -publicado el pasado mes de septiembre- “es razonable pensar que la corrupción política forma parte de esa identificación que hacen los ciudadanos de la clase política y los políticos como problema”. Esta advertencia de los expertos desmontaría la pretendida despreocupación ciudadana por la corrupción económica de sus representantes y remitiría, por el contrario, a una intensa ansiedad social respecto de este fenómeno que repunta y que no se detecta en toda su dimensión.
Los autores asumen, sin embargo, una especie de resignación de los ciudadanos ante la falta de honradez de la clase política, una resignación que podría devenir en cierto grado de insensibilidad. La autoestima social que detecta esta auditoría ciudadana es muy baja porque la sociedad civil española se autovalora muy mal: somos poco tolerantes (2,35 sobre 10), nuestra participación es escasa (2,42 sobre 10) y nos percibimos como incapaces de controlar al poder político (2,82 sobre 10). Para los autores, estas bajas puntuaciones explican “probablemente la falta de incentivos que encuentran los españoles para involucrase y participar en política”.
Con respecto a los partidos políticos y a la representación pública, la consideración ciudadana es pésima: de los diez indicadores que componen esta dimensión de la auditoría, siete obtienen un suspenso y cinco de ellos se sitúan por debajo del 4. Así, los partidos no dan la talla por incapacidad democrática, por falta libertad de expresión interna, por clientelismo, por confianza, por ausencia de rendición de cuentas, por desajuste entre demandas ciudadanas y oferta política, por falta de control de la acción de los representantes electos…Y siendo cierto que también aparecen luces en este estudio -la legitimidad de la democracia y la capacidad efectiva de gobierno- en la mayoría de las dimensiones estudiadas, la calidad del sistema en su vertiente operativa, funcional, resolutiva de problemas, los ciudadanos plantean abiertamente su insatisfacción. Los autores, por eso, concluyen su estudio con una advertencia muy seria: si no hay una regeneración, “la desafección ciudadana seguirá creciendo y el horizonte de la democracia se poblará de problemas que no presagian un futuro mejor que el presente, pese a que este sea manifiestamente mejorable”.
Existe, en consecuencia, una degradación democrática que los ciudadanos han percibido y exteriorizan con meridiana claridad. La auditoría ciudadana que sirve de base a los autores de Calidad de la democracia en España se realizó en 2007, cuando apuntaba ya la crisis y después de tres años de Gobierno socialista, aunque no hay en el estudio referencias coyunturales o de partido. Es de suponer que desde entonces hasta ahora, la auditoría ofrecería resultados más desalentadores. Sobre todas estas cuestiones han de trabajar los sociólogos, politólogos, analistas y universitarios para que el país no quede encarcelado en el discurso de los políticos mientras la democracia se degrada en España.
Se debe acabar aquello de que “nos pasa que no sabemos lo que nos pasa”. ¡Vaya que si lo sabemos!
(1) Los autores de Calidad de la democracia en España. Una auditoria ciudadana (Editorial Ariel) son Braulio Gómez Fortes, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense; Irene Palacios, licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona; Manuel Pérez Yrueta, profesor de Investigación de Sociología del Instituto de Estudios Avanzados del CSIC del que ha sido director entre 1992 y 2009 y Ramón Vargas-Machuca, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Cádiz.
(2) La auditoría ciudadana se realizó en 2007 y los resultados estuvieron disponibles a comienzos de 2008 y se centró “sobre temas que los ciudadanos tienen una opinión formada a lo largo del tiempo y que no se refieren a aspectos o problemas coyunturales”.
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